Gobernabilidad de las ESP

Por: Ricardo Mejía Cano.

En 1953 el alcalde de Medellín, el Ingeniero Bernardo Cock Velasquez, presidía la Junta de las Empresas Públicas Municipales, que administraba cuatro empresas: la de Energía, Acueducto y Alcantarillado, Teléfonos y las Empresas Varias. La Junta estaba integrada por el alcalde, cuatro empresarios, el personero, el contralor y los gerentes de las 4 empresas. Medellín crecía aceleradamente y era urgente invertir en la ampliación de todos los servicios, especialmente en energía.

Enfrentada al complejo reto de dirigir empresas tan importantes para el desarrollo de la ciudad, la junta contrató con asesores extranjeros dos estudios: uno para buscar posibles sinergias entre las cuatro empresas y otro para definir las inversiones en el sector eléctrico. El proceso culminó con la creación en 1955 de Empresas Públicas de Medellín y la integración de los servicios de energía, agua y alcantarillado y teléfonos. La nueva entidad sería “apolítica, dirigida con un riguroso criterio de eficacia administrativa, para lo cual emplearán adecuados sistemas técnicos de organización de empresas”.

Las instituciones financieras exigieron una autonomía absoluta de la nueva EPM, por temor a la politiquería. Afortunadamente todos los sectores de la ciudad entendieron la importancia de la autonomía y establecieron que la junta estaría formada por el alcalde de Medellín o su representante, dos miembros de distinta filiación política, elegidos por el Concejo de Medellín y cuatro miembros adicionales escogidos por el alcalde de listas de profesionales que le pasarían el Banco de la República, los Comerciantes, los Bancos y la ANDI. Los suplentes se seleccionarían por igual procedimiento. Gracias a dicha fórmula no se cambiaban los gerentes ni toda la junta cada que había nuevo alcalde. Así crecieron exitosamente las EPM.

Luego de la Constitución del 91 se expidió la Ley de Servicios Públicos que facultaba al Presidente, a los gobernadores y a los alcaldes a nombrar a la totalidad de los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, según se tratase de empresas nacionales, departamentales o municipales. El Concejo y las otras instituciones con amplia experiencia empresarial perdieron la oportunidad de sugerir candidatos. Desde la expedición de la mencionada Ley, en la mayoría de las ESP se cambia junta y gerente cada que se eligen nuevos mandatarios. Retrocedimos en gobernabilidad.

La falta de autonomía puede tener efectos desastrosos: EMCALI era una empresa exitosa como EPM y también presta los tres servicios. Los gastos administrativos de EMCALI han subido hasta el 20% de sus ingresos. La politiquería es insaciable.

¿Estamos seguros de que a EPM no le puede pasar lo mismo? ¿Qué pasaría si EPM tuviese juntas y gerentes más estables, libres de presión política? El Grupo ISA es un buen ejemplo de los que significa para el país empresas con gobierno corporativo sólido, libre de las veleidades políticas de los gobernantes.