El gobierno corporativo no es de izquierda ni de derecha
Por: Ricardo Mejía Cano
En enero de 2024, el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 46, introduciendo avances importantes en materia de gobierno corporativo en Colombia. Esta regulación fortalece la transparencia, protege a los inversionistas y pone límites claros a los administradores.
Durante décadas, la legislación colombiana había sido ambigua en un punto clave: ¿Qué significa actuar como un “buen hombre de negocios”? La expresión existía, pero su aplicación dependía de interpretaciones muy diversas. El nuevo decreto aterriza ese principio y define con mayor claridad cuándo existe un conflicto de interés y cómo manejarlo.
En muchas organizaciones los conflictos de interés se movían en terrenos difusos: decisiones influenciadas por relaciones personales, familiares o económicas no siempre eran evidentes. Según la nueva norma cualquier interés que pueda afectar el criterio del administrador debe ser revelado y gestionado. Además, identifica de manera explícita a las personas relacionadas, cerrando espacios que antes permitían justificar decisiones cuestionables.
En 1994, el presidente ejecutivo de Disney, Michael Eisner, contrató a su amigo de toda la vida Michael Ovitz como vicepresidente ejecutivo, pagándole 24 millones de dólares anuales. Quince meses después, Ovitz fracasó, y la junta, con algo de complicidad, le aprobó a Eisner una indemnización de 140 millones de dólares para despedirlo: el 10% de la utilidad de ese año desastroso de la compañía. Los accionistas demandaron. El argumento: la amistad personal de Eisner con Ovitz había primado sobre el interés de la empresa. Las cortes de Delaware, cobijadas durante décadas en la llamada “business judgment rule”, la deferencia al criterio empresarial, fallaron inicialmente a favor de la junta. Solo años después, tras los escándalos de Enron y WorldCom, el sistema judicial estadounidense comenzó a exigir a los directores demostrar su buena fe y prueba de decisiones suficientemente informadas, y no simplemente invocar su discrecionalidad como escudo. El caso Disney es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando los administradores confunden los intereses de la empresa con los suyos propios, y cuando las juntas directivas se convierten en cámaras de resonancia del poder de turno.
En el caso de Enron, prácticas contables agresivas y conflictos de interés llevaron a una de las mayores quiebras corporativas de la historia. Directivos que debían proteger a la empresa terminaron tomando decisiones que beneficiaban sus intereses personales, mientras los controles internos y la supervisión fallaban. El resultado fue devastador: pérdida de miles de empleos, destrucción de valor y un golpe profundo a la confianza en los mercados.
Estos ejemplos explican el sentido del Decreto 46. La norma no busca limitar la capacidad de los administradores para tomar decisiones, sino establecer reglas claras para que esas decisiones se tomen en función del interés de la empresa. Se protege la discrecionalidad, pero se fijan límites cuando hay mala fe, deslealtad o decisiones claramente mal informadas.
Un avance particularmente importante es el fortalecimiento de los derechos de los accionistas minoritarios. En Colombia, históricamente, quienes tienen el control de una empresa también controlan las decisiones sobre si se investigan o no posibles abusos. El decreto introduce mecanismos para que cualquier socio pueda actuar en nombre de la sociedad cuando esta no lo hace, equilibrando así la balanza.
Sin embargo, es indispensable que los jueces comprendan a profundidad los conceptos que introduce el nuevo decreto. Temas como conflicto de interés, buena fe o decisiones informadas requieren no solo conocimiento jurídico, sino entendimiento del funcionamiento real de las empresas.
Sin una adecuada capacitación a los jueces, existe el riesgo de interpretaciones que desvirtúen el espíritu de la norma. Es urgente una excelente formación de la rama judicial para garantizar su correcta aplicación. El gobierno del presidente Petro, el mismo que ha hecho de la retórica anti empresarial una política de Estado, el mismo que ha fustigado sin tregua al capital privado, que ha intentado reformas tributarias aplastantes y cuya narrativa oficial ve en el empresario a un depredador social, firmó, muy seguramente con algo de desconocimiento de su parte, uno de los decretos de gobierno corporativo más avanzados y protectores del empresariado. El buen gobierno corporativo no es de izquierda ni de derecha. Es una condición necesaria para que las empresas funcionen mejor, generen confianza y atraigan inversión.