Los Peones de Petro
Por: Ricardo Mejia Cano
Durante décadas, la junta directiva de Ecopetrol estuvo integrada principalmente por ministros y viceministros. El razonamiento era, si el Estado era el dueño, este la debía dirigir. Pero esa práctica era nefasta. Cada cambio de gobierno implicaba un cambio de junta directiva y con frecuencia del presidente de la compañía, reduciendo la estrategia corporativa al horizonte electoral de cuatro años, en vez del ciclo petrolero, que se mide en décadas. Además, surgía un conflicto de intereses institucional: el Estado era simultáneamente regulador, accionista, supervisor y beneficiario. Las decisiones tendían a privilegiar ingresos a corto plazo sobre sostenibilidad empresarial. Se presionaba por dividendos altos, se aplazaban inversiones para mejorar caja y la empresa se convertía en herramienta de política económica coyuntural. El resultado era una compañía rentable gracias al recurso natural, pero sin estrategia a largo plazo.
La situación cambió cuando Colombia ingresó a la OCDE. Entre sus exigencias estaba mejorar el gobierno corporativo de las empresas estatales: el Estado debía comportarse como accionista, no como administrador empresarial. A partir de entonces Ecopetrol incorporó miembros independientes con trayectoria empresarial y financiera, la junta dejó de ser una extensión del gabinete, pasó a ser un órgano de dirección y el CEO dejó de ser un cargo político y se empezó a evaluar por sus resultados. Esta profesionalización permitió mayor estabilidad gerencial, fortaleció la reputación ante inversionistas y redujo el riesgo político.
Pero lo ganado en buen gobierno, gracias a las exigencias de la OCDE, se perdió en el 2022. ¿Porqué? El buen gobierno se puede maquillar: es el caso de Hildebrando Vélez Galeano, quien fue miembro no independiente en la junta de Ecopetrol hasta el 13 de enero del 2026 y al día siguiente amaneció como independiente. Hildebrando, quien fue capacitador de organizaciones ambientales, sindicales y campesinas y allegado a la vicepresidenta Francia Marquez y al presidente Petro, hizo alguna maroma contractual, apostató contra sus mentores y amigos y se convirtió en independiente. Igual ocurre con Carolina Arias-Hurtado, quien además de otros cargos, se desempeña como asesora del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente y es también miembro independiente. En Ecopetrol la independencia de los miembros de la junta la decreta Petro.
Una junta debe nombrar o remover al CEO, supervisar riesgos, evaluar inversiones y proteger a todos los accionistas, incluidos los minoritarios. Si sus miembros carecen de experiencia empresarial y administrativa, la junta pierde capacidad de dirección.
Pero si en Ecopetrol la junta deja que desear, prepárese. Su presidente está imputado por presuntas irregularidades relacionadas con su rol en la campaña de Petro, está enfrascado en graves escándalos por la compra de su apartamento, no ha dado explicación por los contratos adjudicados a su allegado sentimental y tiene una demanda del gobierno de Honduras por su pobre desempeño como gerente de la Empresa Energía de ese país.
En empresas listadas en bolsa —y Ecopetrol lo está— la reputación y calidad del CEO es tema que obligatoriamente debe analizar la junta directiva. Ante situaciones judiciales de alto impacto reputacional, las juntas directivas deben adoptar medidas preventivas, como solicitar una renuncia temporal o separar al ejecutivo mientras se aclara su situación, con el fin de proteger a la organización y a sus accionistas. ¿Están los miembros de la junta de Ecopetrol, con su pobre formación empresarial, preparados para cumplir con las funciones que les corresponden?
Ninguna empresa industrial y comercial del estado puede ser eficiente sin una administración profesional y autónoma. La experiencia internacional es consistente: las empresas del estado funcionan mejor cuando hay separación entre política y gestión. El gobierno fija el rumbo, profesionales independientes administran las compañías del estado y las juntas protegen a esas instituciones frente intervenciones indebidas del accionista.
Colombia destruye su riqueza cuando permite que las empresas estatales sean manejadas como una finca de Petro. Más grave aún, los colombianos estamos permitiendo que nos traten como si fuéramos los peones de esa finca.