Defender nuestras empresas
Por: Ricardo Mejía Cano
Hace unos años el presidente Santos quiso tomarse el Metro de Medellin. Presionó a la junta de la época para nombrar en la gerencia funcionarios de su círculo político, pero sin ninguna experiencia para el cargo. La junta de manera muy cortés descartó cada uno de sus candidatos. Santos finalmente cambio sus 5 representantes en la junta y nombró un ministro, un viceministro y otros 3 súbditos a su servicio. Así pudo cambiar al gerente.
Afortunadamente la OECD, club al que quería ingresar, prohibía tales acciones. Rápidamente se restableció el buen gobierno del Metro.
El Buen Gobierno debe promover la independencia de los órganos de gobierno: que funcionen los balances y chequeos necesarios para que ninguno se exceda en sus poderes. James Madison, cuarto presidente de los EE.UU., quien participó activamente en la elaboración de la constitución de su país, expresó este principio de manera magistral: “La concentración de poder en el legislativo, el ejecutivo y el judicial en manos de uno, pocos o varios individuos, quienes lo obtienen por autoproclamación, por razones hereditarias o elegidos por el pueblo, es el origen de la tiranía”.
Igual aplica para las empresas y las instituciones: La independencia de poderes y la separación de funciones entre la asamblea de accionistas, la junta directiva y la gerencia es la esencia del buen gobierno. La principal función de la asamblea es elegir a la junta directiva y evaluar su desempeño, la de la junta es elegir al gerente ejecutivo y orientarlo en el direccionamiento de la institución, sin usurpar sus funciones del manejo del día a día. La junta debe además evaluar con regularidad el desempeño del gerente, para poderlo orientar correctamente, o reemplazarlo, de ser necesario.
La segunda función más importante de la junta es ayudar y orientar al equipo de la gerencia en la formulación de la estrategia. En el desarrollo de esta, uno de los objetivos más importantes es determinar las competencias que se requerirán para sortear con éxito los futuros retos. Esto incluye preparar al equipo directivo que liderará la institución en los próximos 10-20 años.
Según la ley de Servicios Públicos de 1994: «Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios serán escogidos por el Presidente, el gobernador o el alcalde, según se trate de empresas nacionales, departamentales o municipales…». La mayoría de las ESP del país en lugar de corregir el anterior desvarío de los legisladores lo agravan: en sus estatutos establecen que al gerente también lo nombra el correspondiente mandatario. La tiranía de que hablaba el Sr. Madison.
Para diseñar e implementar programas a largo plazo, actividad indispensable para alcanzar el éxito empresarial, los dueños o sus representantes, la junta y el gerente deben tener estabilidad. No puede una institución tener buen gobierno si el representante de los dueños, su junta y el gerente se cambian cada 4 años. Con frecuencia los mandatarios de turno se creen dueños de la institución, en estos casos es obligación de los ciudadanos recordarles que no se deben extralimitar en sus funciones.
Alvaro Rendón, quien fuera gerente de EPM, declaró al diario El Colombiano que él cumplía con las mejores políticas de buen gobierno. Cumplía con los estatutos, pero estos de ninguna manera reflejan las prácticas modernas de buen gobierno. Ni la mencionada Ley de Servicios Públicos ni los estatutos de EPM incorporan las normas modernas de Gobierno Corporativo.
¿Qué hace una junta que no nombra al ejecutivo que le debe reportar y que por ser su periodo en el mejor de los casos de sólo 4 años, no puede desarrollar planes a largo plazo, ni trabajar en la formación de los futuros directivos? El 70% del éxito del trabajo de la junta está en escoger un buen gerente. Si no realiza esta función y el gerente en la práctica no le reporta, tampoco tiene sentido que lo evalúe, pues sería un ejercicio académico sin valor. Entonces ¿Para que esa junta?
Los estatutos de EPM y de todas las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) necesitan una reforma radical, que las despolitice y permita que se desarrollen en el largo plazo.
La ciudadanía tiene que entender que dotar a las EICE de Códigos de Buen Gobierno modernos, no es privatización, es adaptación a los actuales entornos de competencia, para evitar que las empresas del Estado desaparezcan. Las EICE son de los ciudadanos y estos tienen obligación de defenderlas.