HIDROITUANGO EN VENTA
Por: Ricardo Mejía Cano
La gobernación de Antioquia ha mencionado varias veces su deseo de vender el 53% de participación que tiene en Hidroituango a EPM. La propuesta desafortunadamente no ha generado el debate que debía tener. En especial si el pago por parte de EPM fuera en acciones.
El gobierno corporativo de EPM, como el de todas las empresas industriales y comerciales del estado (EICE), requiere con urgencia una actualización. Cada gobernante al posesionarse asume que las EICE en su territorio son para su exclusivo beneficio. Para ayudar al caos, la ley de Servicios Públicos de 1994 establece: «Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios serán escogidos por el Presidente, el gobernador o el alcalde, según se trate de empresas nacionales, departamentales o municipales…». Además, en la mayoría de los estatutos de las EICE al gerente también lo elige el correspondiente mandatario. ¿Quieren los colombianos que esas empresas estén para el usufructo político y personal del gobernante, sin ninguna exigencia por la productividad, la eficiencia o la calidad de servicio?
En el caso de una sesión por parte del municipio de Medellín de acciones de EPM al departamento, a cambio de su participación en Hidroituango, el municipio y el departamento tendrían que reformar los estatutos y establecer como nombrar la junta directiva y el gerente. Como lo más seguro es que ninguna de las partes aceptaría que la otra tuviese el control, tendrían que aceptar la presencia de independientes en la junta, quienes además de ser mediadores en caso de conflicto entre alcaldía y gobernación, le darían a la empresa una visión a largo plazo, que por demás necesita con urgencia.
En lo que va corrido de este siglo EPM ha tenido 10 gerentes. El apetito burocrático de nuestros alcaldes está poniendo en peligro la estabilidad de la empresa. Si no se toman correctivos, la historia de EMCALI se podría repetir en Medellin.
El Metro de Medellín ha tenido 3 gerentes en lo corrido de este siglo y gracias a la participación mayoritaria de miembros independientes en su junta directiva, el alcalde Quintero no ha podido manejar al Metro como otra más de sus empresas familiares. En los estatutos del Metro se establece que además de la participación del gobernador, el alcalde y sus secretarios de planeación, el Presidente de la República nombrará 5 miembros de la junta directiva, quienes deberán ser independientes y no podrán tener la calidad de servidores públicos. Con motivo de la financiación de la nación para la construcción del Metro Ligero de la Avenida 80, los ministros de Hacienda y de Transporte podrán tener representación en la junta directiva, pero sólo durante la construcción de Metro Ligero.
Los estatutos de EPM en 1955 establecían que la junta directiva estaría conformada por: “El Alcalde de Medellín o quién él designe, dos miembros de distinta filiación política elegidos por el Concejo de Medellín entre sus miembros, más cuatro miembros nombrados por el Alcalde de ternas enviadas por el Banco de la República, los comerciantes, los bancos establecidos en Medellin y la ANDI.”. Y en el artículo 18 se establecía: “La dirección y administración estarán a cargo del Gerente General, de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva.” Estaba blindada de la politiquería. Los estatutos eran modelo de buen gobierno. Pero aquí lo bueno no dura.
La venta de Hidroituango a EPM a cambio de acciones sería la mejor fórmula para blindarla de nuevo de la politiquería y prepararla para liderar la transición energética que tanto desvela a este gobierno.